Un informe jurídico del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria confirma que el actual campo de tiro municipal, denominado “El Túria”, funciona desde el año 1996 sin la pertinente licencia de actividad ni de la concesión administrativa por parte del actual arrendatario desde 2008, año en el que expiró el contrato entre el consistorio y el actual gestor de las instalaciones públicas, así lo ha comunicado el PSPV-PSOE.
Según la formación política, el documento elaborado a instancias del actual gobierno de Riba-roja -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- añade que el actual arrendatario no ha ingresado tampoco en las arcas municipales las mensualidades en concepto de alquiler desde noviembre del año 2014 por un montante total de 5.409 euros en total, a razón de 601’01 euros cada una de ellas.
El informe municipal enumera múltiples irregularidades y presuntas ilegalidades cometidas bajo la tutela del anterior gobierno del Partido Popular en estos terrenos de titularidad pública hasta el punto que el aval de 48.000 euros que el propio arrendatario debería haber formalizado en fecha y forma tampoco constan a día de hoy en la contabilidad del ayuntamiento.
Entre las conclusiones del texto jurídico destaca que desde el pasado 2008 “el arrendatario está ocupando y utilizando las instalaciones sin ninguna cobertura contractual ni legal” para lo cual reclama dar por finalizado el contrato entre ambas partes, requerir el cese de la actividad y la entrega de las instalaciones y la tramitación de un nuevo expediente para la concesión del campo de tiro a través de un concurso público. Además, solicita al consistorio el inicio del proceso para obtener de la Generalitat la licencia ambiental prevista para este tipo de actividades.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que las conclusiones contenidas en el informe “son demoledoras sobre la manera de funcionar y gestionar el patrimonio público por parte del Partido Popular durante sus 20 años de mandato y que ahora el actual gobierno progresista se encargará de resolver y adoptar las medidas oportunas para defender los intereses de todos nuestros vecinos; es necesario solucionar todas presuntas irregularidades cometidas durante los 19 años en los que los terrenos están alquilados a una persona”.
