El PSPV de Llíria ha denunciado que el 26% de los actuales agentes de la policía local carece de un arma reglamentaria para patrullar ya que se hallan en situación interina a causa de la ausencia de una oferta de empleo público por parte del equipo de gobierno que encabeza el alcalde, Manuel Izquierdo, del Partido Popular. “Esta situación pone en peligro la seguridad de los propios agentes en su trabajo diario”, afirman desde la formación.
Los socialistas edetanos han censurado que la oferta de empleo público prevista por el Ayuntamiento de Llíria para el año 2015 sólo incluye la plaza de técnico de administración general, grupo A2, adscrita al departamento de patrimonio-intervención por oposición de turno libre mientras que en el departamento de seguridad ciudadana continuará el 26% de agentes interinos.
El PSPV recuerda que de los 42 agentes que conforman actualmente el cuerpo de la policía local de Llíria existen 11 policías -un 26% sobre el total- que “tienen un carácter provisional y, por tanto, como prevé la ley no pueden utilizar un arma reglamentaria como el resto de sus compañeros durante sus servicios hasta el punto que se ha dado algunas situaciones anómalas, denunciadas por los propios sindicatos, en las que los dos agentes de una patrulla eran interinos”.
Sin embargo, “el equipo de gobierno popular de Llíria se niega presupuesto tras presupuesto a aumentar la oferta de plazas de policía local, lo que permitiría a muchos de los actuales agentes interinos a disponer de la correspondiente arma reglamentaria durante sus turnos de trabajo y, por tanto, aumentar su propia seguridad y la de los mismos ciudadanos”, afirman.
El candidato socialista a la alcaldía, Manuel Civera, ha subrayado la “inestabilidad laboral y personal” que esta situación provoca en los agentes de la policía local “con una merma importante en cuanto a la seguridad ciudadana y la integridad física de los propios policías y una deficiencia evidente para todos los vecinos de Llíria en determinadas circunstancias; además de suponer una inestabilidad familiar y laboral que algunos casos se arrastra más de 10 años propicia también prácticas clientelares y de servilismo hacia el propio equipo de gobierno ya que no tienen la plaza asegurada y, por tanto, para no perder su puesto de trabajo tienen que asumir determinadas tareas”.
